Fonte: Redesol
Para que la República Dominicana tenga una legislación económica actualizada y a tono con los cambios que se registran a nivel mundial en esta materia, la RED DE ORGANIZACIONES DE ECONOMIA SOLIDARIA (REDESOL), integrada por más de 27 organizaciones, entre las cuales están las principales confederaciones y federaciones de trabajadores autónomos tales como CONAMUCA, FEDECARES, CONACADO, UNACAFEN, Bloque Cacaotero No. 2, además de cooperativas como CONACOOP y FECOOPCEN y ONG como IDEAC, INCAP y FINSA, entre otras, han elaborado y propuesto al Congreso Nacional el presente proyecto de LEY DE ECONOMIA SOLIDARIA.
La propuesta de LEY DE ECONOMIA SOLODARIA, pretende contribuir a actualizar y modernizar la legislación dominicana, la cual históricamente se ha desarrollado para favorecer y regular la economía Estatal y la privada, marginando el sector solidario de la economía, el cual es parte importante y clave en la vida económica y social del país. Esta propuesta se enmarca dentro del nuevo Régimen Económico definido por la recién promulgada Constitución de la República, la cual establece la pluralidad del mismo al reconocer todas las formas de hacer economía y especialmente para hacer practicable el Articulo 222 de la actual Constitución de la República Dominicana.
Este ha sido uno de los resultados de un proceso de mas de 3 años de trabajo arduo, en el cual han participado miles de dirigentes y miembros de organizaciones de la Economía Solidaria (ECOSOL), técnicos, académicos, investigadores, juristas, economistas, religiosos, de ambos sexos, etc., en consultas, discusiones, estudios, investigaciones, debates, reflexiones en seminarios y talleres nacionales e internacionales, por cual es una propuesta legitimada por los/as interesados/as.
La labor realizada por estas organizaciones, ha conllevado a que el tema ya sea considerado y asumido por distintos sectores del movimiento social dominicano e incluso sea conocido por otros sectores de la sociedad civil, el Estado y medios de comunicación. No obstante, aun no cuenta con un marco jurídico que permita su institucionalización y por tanto, ser sujeto de las políticas económicas del Estado.
La aprobación de esta propuesta de ley por parte del Congreso Nacional es muy oportuna, ya que en los momentos actuales como iniciativa y exigencia de la sociedad civil, el país está discutiendo una propuesta de Estrategia Nacional de Desarrollo (END) con un horizonte de 20 años, elaborada por el gobierno y el sector empresarial. Su aprobación habilitaría una parte importante de sectores económicos tradicionalmente marginados de las políticas económicas y del sistema económico en general, permitiendo su legitimación como sectores claves que luchan por el bien común y el desarrollo sostenible del país.
Es una ley marco que aglutina las empresas, instituciones e iniciativas económicas de miles de organizaciones sociales, tales como las organizaciones económicas asociativas, las cooperativas, grupos de autoayuda, grupos de gestión de bienes comunes tales como: territorios comuneros, cuerpos de agua, áreas protegidas, Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo Económico, etc., constituidas por pequeños/as productores/as y trabajadores/as autónomos rurales y urbanos.
Aún siendo organizaciones económicas asociativas, muchas de estas se han ido incorporando, al buscar su personería jurídica, en la ley 127 de cooperativas o la ley 122-05 de entidades sin fines de lucro y muchas otras se mantienen al margen. Estas leyes por su naturaleza, limitan o no responden a los objetivos económicos solidarios, por lo que la propuesta de ley de la Economía Solidaria crearía un espacio común de identidad y de regulación apropiada a las actividades económicas que realizan estas organizaciones.
Esperamos que durante las discusión y sanción final de esta propuesta de Ley, en los y las legisladoras del Congreso Nacional, prime el interés colectivo y la sensibilidad por los sectores mas marginados del país, los cuales a pesar de ello, no se han rendido ante la adversidad que les ofrece actual modelo económico e institucional, que no les visibiliza y ni les considera como sujetos importantes de la generación de riquezas materiales, organizativas y culturales para la nación.
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