Autoria: Pablo Guerra
La semana pasada el Ministerio de Coordinación de la Política Económica del Ecuador organizó un seminario internacional titulado “Economía Popular, Economía Solidaria y Políticas Públicas en el marco de la construcción participativa de la Nueva Arquitectura Financiera en el Ecuador” (1) . En esta oportunidad fuimos invitados para exponer sobre los desafíos de las políticas públicas de fomento a las economías solidarias en América Latina.
El evento contó con la activa participación del Ministro de Economía, Pedro Páez Pérez y fue abierto por el Presidente Rafael Correa, lo que demuestra la importancia que estos temas están teniendo para un país en búsqueda de nuevos paradigmas socioeconómicos.
La nueva Constitución, que el próximo 28 de septiembre seguramente será refrendada por la ciudadanía, cuenta con un capítulo sobre “régimen de desarrollo” que incluye una noción casi inédita en este tipo de textos, esto es, recurre a la noción nativa del sumak kawsay o “buen vivir” como objetivo del desarrollo. Como se puede observar, el mismísimo término hace referencia a un modelo mucho menos pensado en la clave con que la economía occidental lo leyó por tanto tiempo (el desarrollo pensado solo como crecimiento económico) y por lo tanto más vinculado a la realización humana en un contexto donde no faltan las referencias a los valores comunitarios.
Es así que se llega a definir al sistema económico (cfr. Art. 283) como “social y solidario”, centrado en “el ser humano como sujeto y fin” y con una “relación equilibrada entre sociedad, Estado y mercado, en armonía con la naturaleza”, de donde se deducen luego las distintas expresiones de organización económica: “pública, privada, mixta, popular y solidaria”. De esta manera el texto constitucional en el mismo artículo señala que “la economía popular y solidaria se regulará de acuerdo con la ley e incluirá a los sectores cooperativistas, asociativos y comunitarios”. Aspectos como la soberanía alimentaria, finanzas solidarias y el comercio justo también adquieren rango constitucional.
En este contexto el seminario internacional reunió en la sede de FLACSO a numerosos intelectuales, elenco del gobierno y sobre todo delegados de los emprendimientos de economía solidaria. Y es que éste es sin duda un tiempo histórico para un país y un continente sediento de nuevas orientaciones sociales y económicas, alejadas tanto de los grandes “metarrelatos” que dominaron la escena en el siglo XX así como del modelo neoliberal que tan bien conocemos por estas latitudes y tanto daño ha causado en los últimos años.
La economía solidaria tiene en ese sentido un rol protagónico para cumplir, como los constituyentes parecieron coincidir. Sin embargo, durante mi estadía en Ecuador he notado a nivel de algunos portavoces, cierta vaguedad a la hora de precisar que alcance dar a la economía solidaria así como sus vínculos con otros conceptos como economía popular, o micro y pequeños emprendimientos .
Quizá valga en tal sentido señalar con mayor contundencia la necesidad de distinguir entre los conceptos de la economía popular y el de la economía solidaria. El primero de ellos hace mención a una larga lista de manifestaciones económicas protagonizadas por los sectores de más bajos ingresos con el objetivo de satisfacer sus necesidades. Esta larga lista incluye estrategias de sobrevivencia que decididamente pueden estar muy lejos de ser vistas como merecedoras de elogios (y por lo tanto de fomento). Como señalaba Razeto en los años ochenta, la economía popular incluye ciertamente muchas expresiones de solidaridad humana (justamente a ellas podemos dar el nombre de economía popular y solidaria) pero también incluye salidas individualistas, asistencialistas e incluso ilegales. En nuestro “Haciendo la Calle” (Montevideo, Nordan, 2000) señalábamos que el desafío de la economía popular consistía en pasar de estrategias ilegales hacia estrategias legales, de estrategias inmorales hacia estrategias moralmente legitimadas, y de estrategias individualistas a estrategias solidarias. Decimos esto pues muchas veces y sobre todo en el concierto “progresista” hay como una mirada “romántica” de lo popular como si todas sus expresiones económicas en este caso, pudieran verse como liberadoras.
Ciertamente que las experiencias de economía popular (mal llamadas informales) en América Latina nos merecen la admiración por el espíritu emprendedor ausente muchas veces en la mismísima “clase empresarial”. Sin embargo ésta no es una constatación solo del pensamiento de izquierda pues Hernán de Soto y el propio Mario Vargas Llosa ya lo expresaban desde la vertiente neoliberal en “El otro sendero”.
A la hora de encontrar vías alternativas para un desarrollo más humano, no cabe duda que los intelectuales podemos rescatar mucho aprendizaje de las culturas económicas populares, pero con la misma convicción debemos decir, que las salidas realmente constitutivas de un nuevo modelo de desarrollo vendrán de una cultura económica solidaria que no necesariamente encontraremos en todas las manifestaciones de la economía popular.
Respecto a las micro y pequeñas empresas, todo el concierto político latinoamericano parece coincidir en su importancia pues obviamente constituyen la mayoría de las unidades económicas de nuestros mercados y ocupan una mayor cantidad de trabajadores. Sin embargo la condición de micro o pequeña empresa poco nos vuelve a decir sobre sus cualidades respecto de la solidaridad económica. Desde el punto de vista microeconómico, en algunas de ellas el trabajo destaca como el factor fundamental, en otras sin embargo lo es el capital quien a su vez contrata trabajo bajo una modalidad que bien podríamos tildar propia de “empresas micro capitalistas”. De hecho muchas empresas capitalistas surgieron como “microempresas” y esa suerte de “sueño americano” podría explicar el interés del pensamiento único por la valorización de estas iniciativas.
Teóricamente, la pertenencia de estas Mypes o incluso Pymes al sector privado capitalista o al sector solidario, dependerá de algunas variables sobre todo microeconómicas (ej. estructura de factores) o de gestión (ej. mecanismos de decisión) cuya complejidad operativa nos lleva a descartar tales categorías analíticas como pertinentes para dar cuenta de los comportamientos alternativos en economía.
Por eso es que el eje debe estar puesto en el concepto de la economía solidaria entendida como la plural manifestación de actividades en el plano de la producción, distribución, consumo y finanzas que encuentran en la solidaridad y la cooperación valores constitutivos de su identidad económica.
De esta manera, la economía solidaria en América Latina reúne a un conjunto de experiencias cooperativas, asociativas y comunitarias que en alianzas con organizaciones ecológicas, de economía femenina, de rescate de la identidad de los pueblos originarios, del comercio justo, de las finanzas solidarias y del consumo responsable, vienen proponiendo una nueva mirada sobre la pregunta fundamental que debe guiar a la economía: cómo organizar nuestros recursos para tener todos una mejor calidad de vida. O dicho de otra manera, cómo organizarnos para lograr ese buen vivir o sumak kawsay.
La larga experiencia ecuatoriana en términos de proyectos económicos comunitarios (entre los más conocidos, MCCH, FEPP, Salinerito, etc) y la enorme cantidad de pequeñas iniciativas populares y solidarias, sin duda contribuirán a clarificar los términos y generar buenas políticas públicas de fomento y desarrollo de las economías solidarias.
Mientras tanto, celebramos el esfuerzo de la Nueva Constitución y de la actual conducción del Presidente Correa por encontrar mejores definiciones e instrumentos económicos en un contexto histórico donde se baten a duelo el pensamiento único con quienes arriesgan salidas esperanzadoras.
(1) Quito, 11 y 12 de septiembre de 2008.
Dr. Pablo Guerra es Profesor en Economía Solidaria, Universidad de la República (Uruguay). Coordinador de la Asociación Iberoamericana de Comunitarismo. Responsable del Programa Kolping Uruguay en Economía Solidaria.